martes, 17 de julio de 2007

LEPERO

¿EPR?
La reivindicación de las explosiones en gasoductos de PEMEX por parte del Ejercito Popular Revolucionario aún deja dudas en el aire. Muchas cosas acerca de esta guerrilla no quedan muy claras.
Es muy raro, por ejemplo, que los ataques más recientes se hayan dado cuando el PAN está en aprietos; las explosiones en los cajeros de PEMEX cuando el conflicto electoral estaba en su punto máximo y ahora las bombazos coinciden con la crisis de credibilidad que se destapó debido a las declaraciones de Zhenli Ye Gon, el “chino incomodo” , en las que asegura que el dinero que se encontró en su propiedad de Las Lomas era propiedad del blanquiazul para financiar la campaña de Felipe Calderón o comprar armas para desestabilizar el país en caso de que éste perdiera la elección.

Tampoco es muy claro como es que una guerrilla que pretende “hostigar al gobierno ilegítimo” atenta contra una paraestatal que, ya de por sí, padece los embates privatizadores de las presidencias neoliberales y cuya devaluación puede servir como excusa para forzar su privatización. Por lo que actúan a favor de los intereses que pretenden combatir.

Lo anterior no significa negar el trasfondo social de la guerrilla en México “Hemos surgido de la tristeza de los huérfanos y viudas, de la ausencia de los seres queridos desaparecidos, del dolor de los torturados, del coraje de los encarcelados injustamente, de la incertidumbre de los perseguidos sociales y políticos, de la situación social que mata diariamente con represión, miseria, hambre y enfermedades, así como del abandono de los niños de la calle” dice el Manifiesto de Aguas Blancas, que fue leído el 28 de junio 1996 cuando el EPR hizo su aparición en el escenario político mexicano a un año de la masacre perpetrada por los cuerpos represivos del gobierno en contra de 17 campesinos de la sierra de Guerrero.

Pero si deja en duda la veracidad de una acusación que bien podría ser otro intento de legitimar el gobierno de Felipe Calderón, con la cual el despliegue militar tiene pretexto para intensificarse y se justifican las tendencias autoritarias y represivas del poder que pisotean las garantías individuales, los derechos humanos y, de paso, sirven para inculpar a otras organizaciones de izquierda como la APPO (a la que ya se le vincula con el EPR) o el PRD y por ende a Andrés Manuel López Obrador. Las palabras “gobierno ilegitimo” ayudan con esa conclusión y si se recuerda que el EPR se dio a conocer durante un evento precedido por Cuauhtémoc Cárdenas, peor.

Aunque de ser ese el caso los hechos se han manejado de una manera bastante torpe ¿por que? En un inicio se explicó que había existido una baja de presión que… bla, bla, bla… en fin tecnicismos que quedaron como simples mentiras una vez que se reveló la verdad, y que dejan al descubierto una de dos realidades (ninguna buena, por cierto) por un lado, que no se cuentan con los recursos para prevenir y evitar ataques con lo que se demuestra la incompetencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que falló en su tarea de prevenir y alertar sobre riesgos que afectan a la seguridad nacional; o, por otro lado, el encubrimiento de datos importantes en una situación que afecta a todos los mexicanos.

Por donde se le vea estos acontecimientos son un extremo de la polarización política del país que dejará consecuencias permanentes y que probablemente el gobierno federal no contemple para la atencion de los conflictos sociales.

Pura ficción...


El recuento de los daños
Y al final, puras promesas


Es por todos sabido que la historia de la política mexicana se ha caracterizado por los fraudes y los “cambios”. Eso ya nos es novedad.

A un año de que Felipe Calderón asumiera la presidencia, tras la controversia del fraude y, detrás también de la vox populi que demandaba el “voto por voto”, caímos pues, y con las cuatro patas en el macabro juego del cambio, en el que el pueblo, que en su momento creyó en las lindas palabras y en la mejor sonrisa de FECAL, ahora sufre las consecuencias como la típica novia de rancho a la que dejan siempre vestida y alborotada.

En toda contienda electoral se despilfarran recursos a diestra y siniestra, y la lucha por el poder se torna encarnizada y visceral como si en juego estuvieran los intereses particulares del mandatario, cuando el fin (por si no lo saben “nuestros gobernadores”) es hacer un buen gobierno para el pueblo, ya que como dicen por ahí que Vox Populi Vox Dei, o lo que es lo mismo, la voz del pueblo es la voz de dios.

Así, por ejemplo, según cifras de Gobernación durante la administración de Chente (Fox), se utilizaron en promedio 7 mil 203 pesos diarios para propaganda, mientras que en lo que va del sexenio de Felipillo, se gastan 10 mil 136 pesos diariamente. De no modificarse esta tendencia, al final de su mandato se gastará un aproximado de 22 millones de pesos. Así las cosas, mientras los recursos se malgastan para propagar las propuestas que al final quedan como promesas, los empleos bien gracias ¿no?.

Tanto se proclamaba Calderón como e presidente del empleo, pero de eso puras habas: hasta febrero de este año, la tasa de desocupación (TD) en el país fue de 4.02 por ciento de la población económicamente activa (PEA), porcentaje superior al registrado en el mismo periodo de 2006, cuando se ubicó en 3.60 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Nada de empleos, pero eso sí, FECAL se ha entretenido reformando leyes que afectan grandes sectores de la sociedad, como las reformas a la ley del ISSSTE, reforma fiscal, energética, educativa, y claro, la reforma laboral. Pero al final, lo que sonaba tan lindo en el discurso, todo se queda en puras promesas.


Sobre la libertad de expresión

Con 9 años en el oficio del periodismo, Andrés Toledo Martínez de treinta y tres años de edad, es uno más de los reporteros que día a día luchan por informar a la sociedad mexicana.

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Andrés Toledo opina sobre la libertad de expresión:

“La libertad de expresión en nuestro país no existe, los medios, en muchas ocasiones, representan a intereses políticos, económicos o individuales, aunque no es un común denominador, generalmente las empresas que se encargan de la difusión de la información se limitan o autocensuran según sean sus intereses”.

Andrés Toledo, desde hace cuatro años, trabaja para Grupo Monitor en Radio Monitor y ha sido uno de los periodistas que ha visto coartada su libertad de expresión ya sea por intereses gubernamentales: “Claro que me han censurado, como cuando al cubrir la gira de Andrés Manuel López Obrador, nos impiden referirnos a él como el presidente legítimo, nos obligan a llamarlo ex candidato a la presidencia, o a su gobierno, como el equipo del ex candidato o el grupo de Andrés Manuel, por orden del gobierno”, o de la empresa para la que trabaja: “Si no mientes, omites, al tratarse de alguna nota de algún patrocinador de la empresa”.

Toledo, a pesar de saber que cualquier medio de comunicación no ejerce una plena libertad de expresión, defiende a la empresa en la que trabaja y aclara: “La censura no es extrema, si algo caracteriza a Monitor es que se le da voz a todas las partes además de seguimiento a todas las notas, no como otras que se limitan a lo que sucede en el día”

Andrés Toledo es uno de los periodistas que vive la decadencia de Grupo Monitor, decadencia que adjudica al gobierno de Fox, ya que expresa: “El mismo Gutiérrez Vivó al aire, culpó al ex Presidente Vicente Fox de los problemas económicos de la empresa, por lo que tuvimos que salir de FM tachados además, de perredistas, ya que el presidente estaba en contra de que en Monitor se le diera seguimiento a la campaña de Andrés Manuel, cosa que otros medios no hicieron”.

Andrés Toledo y muchos otros reporteros son testigos de que en nuestro país, sea cual sea el motivo, no hay una plena libertad de expresión.


Ejército… ¿la mejor opción?




Como ya sabemos (y a quien no le informo), el ejército anda en las calles, según, luchando contra el narcotráfico a partir del inicio del sexenio de Felipe Calderón por órdenes del mismísimo presidente, y aclaro por órdenes del primer mandatario por que en el artículo 129 de nuestra Constitución dice que “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar” , lo que significa que todos los retenes son ilegales; pero bueno, el presidente manda, y si eso dice eso se hace.

También sabemos que han ocurrido una serie de acontecimientos que ponen en duda el buen desempeño de las fuerzas castrenses y del buen juicio del presidente, como la matanza de una familia en Sinaloa, las mujeres violadas en Michoacán (aquí la CND ya confirmó por lo menos dos) o la presunta violación de una viejita en Zongolica, Veracrúz, Ernestina Ascencio (bueno, pero de ésta ya la libraron los militares por que dijeron que se murió de gastritis).

El problema es que no es la PGR sino el Tribunal Militar quien sigue el proceso por el delito de “violencia contra las personas, causante de homicidio y lesiones calificadas” por lo que la sentencia será mínima según el código militar, de uno como pena mínima y si se ponen muy locos veinte años, y todavía falta que los declaren culpables, por que todavía pueden alegar que “se hizo en cumplimiento de una orden militar”, es decir, en el principio de la “obediencia debida”.

Ante esto, los ciudadanos quedamos indefensos ante la militarización de la procuración de justicia. No es posible que viendo tales violaciones a los derechos humanos no se frene con la “guerra” emprendida por Felipe Calderón.

Voy de acuerdo con que la policía no ha sido suficiente para combatir el narco y que no están lo suficientemente entrenados para hacerlo pero, ¿quién nos dice que el ejército si?, si el ejército tampoco puede ¿qué sigue?, ¿esperamos más muertes de gente inocente? O ya de plano el empleo del ejército no como último recurso, sino como el único, y hay si… ¡¡¡Agarrémonos confesados!!!